TRAFICO DE DROGAS EN MÉXICO

En nuestro país, se presenta, desde inicios del siglo XX, el fenómeno de la producción de drogas y su tráfico hacia los Estados Unidos. Al principio México no penalizaba esta actividad, y no fue hasta el año de 1916 que se promulgo la primera prohibición de traficar con productos opioides.

En los años veinte surgieron leyes federales que prohibían el cultivo y comercio de marihuana y adormidera. Durante los años treinta, la presión estadounidense por expandir su política punitiva respecto a las drogas psicoactivas continuó, en perjuicio de estrategias alternativas que entonces apoyaba el gobierno mexicano, que encuadraban fundamentalmente el problema como un asunto de salud pública.

En consecuencia, a partir de esos años, pero con mayor notoriedad, desde la segunda mitad de los cuarenta, el fenómeno comenzó a recibir un trato esencialmente limitador. A partir de 1947, el control de la producción y trasiego de drogas ilegales se adjudica formalmente a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, como extensión de la lógica funcional de un régimen afecto al frecuente divorcio entre normas y prácticas, el control efectivo se otorgó a la Dirección Federal de Seguridad.

Hasta 1947, el vínculo de protección entre autoridades públicas y traficantes de droga, se limitaba generalmente a esquemas de alianza entre gobernadores de entidades fronterizas y delincuentes. A partir de 1947, y con un crecimiento exponencial a partir de los años setenta, la protección de mayor importancia respecto al tráfico de drogas se ha asentado fundamentalmente en las estructuras de seguridad federales. A ello han contribuido por igual el hecho de que el tráfico de drogas sea un delito federal y que la logística necesaria para el mismo rebase generalmente los límites estatales, por lo menos, hasta que el negocio ilegal tuvo como mercado principal el estadounidense.

A finales de los años sesenta, el consumo de drogas se había incrementado notablemente entre los jóvenes de clase media de los Estados Unidos, motivado por la expansión de un movimiento contracultural y las secuelas de adicción que generó el amplio uso de enervantes por parte de las tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam. México era, en esos años, un proveedor importante de marihuana y goma de opio para el mercado estadounidense.

El gobierno de ese país, cada vez más presionado por su propia opinión pública, trasladó la presión hacia su homólogo mexicano. En 1968, durante la campaña presidencial estadounidense, el candidato Richard Nixon retomó dentro de su discurso el combate a las drogas. En 1969, ya como presidente, Nixon puso en marcha una denominada Operación Intercepción, destinada a presionar al gobierno mexicano para que éste prestara una mayor colaboración en el combate al tráfico de drogas. Esta operación mantuvo prácticamente cerradas la frontera entre Tijuana y San Isidro por tres semanas, durante el otoño de 1969.

La respuesta del gobierno de México fue incrementar su esfuerzo en la erradicación de cultivos de marihuana y amapola. En 1975 el presidente Luis Echeverría inaugurara la denominada Campaña Permanente de Lucha Contra las Drogas del gobierno mexicano, que implicó el uso de tecnología para la ubicación y destrucción de plantíos y la puesta en marcha de la Operación Cóndor, que contó con la participación de 10 mil efectivos militares.

En el periodo que transcurre entre finales de los setenta y mediados de los ochenta, concurren diversos factores que habrán de favorecer la expansión del narcotráfico en México. El primero es el incremento de la demanda de narcóticos que tiene lugar en 

Estados Unidos. El segundo es la dispersión de los narcotraficantes, radicados originalmente en el estado de Sinaloa, hacia diversas partes del territorio nacional, a partir de la ejecución de la Operación Cóndor. El tercero es la modificación de las rutas internacionales de tráfico de cocaína, que a partir del fortalecimiento de la vigilancia de las fuerzas de seguridad estadounidense sobre las costas sudorientales de ese país, por dicha razón los narcotraficantes se vieron obligados a adoptar nuevas vías de tráfico con las que habrían de pasar con mayor intensidad por territorio mexicano.

Esto obligó al establecimiento de acuerdos entre traficantes sudamericanos y traficantes mexicanos, quienes hasta el momento habían comerciado principalmente marihuana y heroína, y a partir de entonces, habrán de hacerlo también con cocaína. El cuarto es el incremento de la participación de las estructuras de seguridad mexicanas en la articulación del negocio ilícito, según se pudo apreciar con los testimonios recopilados en investigaciones propias.

A comienzos de la década de los ochenta, el tráfico de cocaína constituye una fuente de ingresos ilegales sin precedente en las estructuras de seguridad mexicanas, ya integradas a un esquema de corrupción importante, según se puede apreciar con lo expuesto hasta aquí, pero inmersas, en ese nuevo periodo, en un flujo de dinero ilícito nunca antes visto. 

Los montos de la corrupción prevalecientes en las instituciones mexicanas no se comparan con aquella generada a partir del ingreso masivo de cocaína al territorio nacional, que podían exceder considerablemente el propio presupuesto de una institución federal como la PGR. Fue precisamente el incremento de la circulación de recursos procedentes de la droga sudamericana el factor que multiplicó la corrupción ya existente en las instituciones de seguridad nacionales.

A mediados de los ochenta, la policía más poderosa del régimen era la Dirección Federal de Seguridad, que una vez desarticulada la subversión de los años setenta, entró de lleno a combatir formalmente el narcotráfico. El resultado fue totalmente contrario a las expectativas establecidas oficialmente. En vez de combatir al narcotráfico, la DFS colaboró directamente en su reestructuración, tras la dispersión resultante de la Operación Cóndor.

Es en estos años que ocurre la primera etapa de centralización amplia del control del negocio ilícito del narcotráfico, donde la Dirección Federal de Seguridad desempeñó un papel fundamental en la extorsión de las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad. La desaparición de la DFS puso fin a un periodo de las relaciones entre criminales organizados y funcionarios públicos, enmarcadas en un esquema centralizado. Culminó así el primer momento de alta centralización del negocio ilícito del narcotráfico, donde los cuerpos de seguridad del Estado desempeñaron un papel fundamental en la articulación del mismo.

Tras la desaparición de la DFS, la Procuraduría General de la República se constituyó como el principal punto de contacto del Estado con la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas. Entre finales de los ochenta y 1991, de acuerdo con diversos testimonios obtenidos, tuvo lugar una nueva centralización del negocio ilícito. Este proceso implicó la redefinición de la mecánica operativa del tráfico de drogas, que ya para entonces vinculaba directamente a las organizaciones colombianas y mexicanas.

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, comienza a transitarse hacia un nuevo esquema en los vínculos de contubernio entre funcionarios públicos y delincuentes dedicados al tráfico de drogas ilícitas, donde estos parecen ya más atomizados y variables. No se aprecia ya una línea de predominio o patronazgo incuestionable.

La estructura de protección centralizada, que había operado durante los años precedentes, colapsó simultáneamente al desarrollo de una confrontación de poder en la cúspide del entramado político. En el mundo del tráfico de drogas, el correlato fue la vertiginosa pérdida de poder y virtual desaparición de una organización delictiva que cobró auge en el periodo anterior –la de Juan García Abrego, en el Golfo– y en el lento pero constante ocaso de otra poderosa organización: la de Amado Carrillo.

La transformación política del país, a partir del año 2000, con la alternancia en la titularidad del poder ejecutivo, ha tenido por efecto secundario, indeseable e imprevisto, la fractura de la propia capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para actuar como mecanismos más o menos homogéneos y cohesionados, ya no digamos para aplicar la ley, sino incluso, para ejercer el control directo sobre la criminalidad organizada con fines distintos.

Tras la alternancia en el poder, ocurrida en 2000, diversos acontecimientos han mostrado un cambio notable en la correlación de fuerzas entre funcionarios y delincuentes en el establecimiento de vínculos de contubernio y protección. Las evidencias muestran que estos vínculos han perdurado. Sin embargo, se aprecia cada vez más una menor disposición de los delincuentes de mayor relevancia a aceptar sin más la tutela del poder.

En el año 2000 había más de cuatro millones de adictos en Estados Unidos de América y cerca de treinta y cinco millones de consumidores esporádicos, un enorme mercado que los carteles mexicanos han buscado satisfacer. En el 2011 se reportaron alrededor de 35,000 asesinatos ocasionados por la guerra contra el narco. La (CNDH) Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha alertado sobre el aumento de quejas recibidas por esta cuestión. 

En Estados Unidos de América existen grandes redes criminales que pactan con los narcotraficantes mexicanos, colombianos y otros países productores en América, Asia y África, a fin de satisfacer la demanda de drogas de una de las sociedades que consume más estupefacientes en el mundo.