Tal incidencia obedece, a
las complicadas condiciones que enfrenta la juventud, pues vive en relativa
pobreza, violencia familiar, padece exclusión o deserción escolar y desempleo,
cultura de violencia, alcoholismo en su entorno y relativa facilidad para
acceder a las armas.
El Estado de México padece
por hechos violentos que lo ubican como uno de los principales focos rojos de
inseguridad en el país.
Durante todo 2013 se denunciaron 1,932 homicidios dolosos en el
Estado de México (en promedio 5.29 por día). Esa cifra lo ubicó en el segundo
lugar en el país respecto a denuncias por ese tipo de delito, solo superado por
Guerrero. De esa cantidad de homicidios dolosos, se reportó que en 1,271 se
utilizó arma de fuego.
"Tenemos un problema de ineficiencia de la autoridad
policiaca, que está combinado con un problema de corrupción" de algunos
funcionarios que se prestarían a colaborar con criminales.
Frente a tal calamidad, la Organización de la
Naciones Unidas (ONU) propone crear una oficina permanente que busque reducir
el delito, al contar con un sistema de información acerca de las tendencias y
causas de violencia y capacitar a recursos humanos.
Más aun, las autoridades se han negado a reconocer las
consecuencias que los altos índices de violencia implican para la ciudadanía.
Reflejo de ello es su resistencia a aceptar las recomendaciones en materia de derechos
humanos emitidas por la CNDH. Cerca de 20 por ciento de las recomendaciones
emitidas no fueron aceptadas por las autoridades correspondientes, entre ellas
recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de
Seguridad Pública.
Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a la
muerte y a su justificación. Hoy en México a los asesinatos o ejecuciones
extrajudiciales se les llama “daños colaterales”, a las desapariciones
forzadas, “levantones”, a los allanamientos ilegales, “cateos” y a las
detenciones arbitrarias en hoteles, casas particulares o batallones,
“arraigos”. Eufemismos que reclasifican la realidad a fin de amoldarla a una
política de seguridad que carece de consenso y de un sólido fundamento legal.
En este contexto, y por añadidura, las autoridades han planteado
un falso dilema entre seguridad y derechos humanos, reforzando así la creencia
extendida en algunos sectores de la opinión pública de que “los derechos
humanos solo sirven para defender a los delincuentes”.
En términos de tasas de delincuencia a
nivel nacional se registraron 20 mil 220 delitos por cada 100 mil habitantes.
En tal diagnóstico la PGR reconoce que en México persiste
una baja confianza en las autoridades encargadas de la procuración de justicia,
dada su ineficiente labor, de ahí que la tasa de denuncia también permanezca baja.
También
se reconoce que en los eslabones del sistema de justicia se perciben
ineficiencias, incertidumbre y altos costos, una situación que se ha visto
reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente
desempeño de las instituciones de justicia en México.
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