LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO

La problemática delictiva en México no es nueva pero en años recientes ha experimentado un alza significativa. Pese a la importante incidencia de delitos comunes como el robo y la violación sexual, la principal fuente de violencia y de percepción de inseguridad en el país proviene de las actividades de la delincuencia organizada y de la política de seguridad implementada a fin de combatirla durante el pasado sexenio (2006-2012)                   

México vive un proceso de desbordamiento del crimen organizado que todos los días amenaza la paz y la tranquilidad de la población y pone a prueba tanto la fortaleza de sus estructuras de seguridad como la de sus instituciones jurídicas y política.

Existen diversas causas de este crecimiento desproporcionado de las actividades ilícitas organizadas, entre las cuales cabe señalar:

a) la transnacionalización creciente del crimen.

b) factores sociales, económicos y demográficos internos.

c) una crónica impunidad y deficiente comportamiento del aparato de justicia.

d) carencia de un marco normativo adecuado para hacer frente a la delincuencia organizada desde la perspectiva de seguridad ciudadana.

e) la posición geográfica de México y la inserción del país en la globalización.

Si bien el crimen organizado ya existía antes de la globalización, sus actividades se veían limitadas por las dificultades que imponían las políticas monetarias y cambiarias de los Estados nacionales y las restricciones a la circulación de divisas. La desregulación de los mercados financieros y el surgimiento y expansión de los paraísos fiscales facilitó la monetización de las ganancias del crimen organizado en divisas convertibles y fue un estímulo gigantesco a su empresarización. Hoy el mercado mundial de la droga supera en valor al del petróleo y en los paraísos fiscales hay depósitos que equivalen a 15 por ciento del PIB mundial y a más de 40 por ciento de la riqueza financiera global.

Lo anterior se combina con factores internos que facilitan la operación de la delincuencia organizada en países como México, que en los últimos cuarenta años fue escenario de importantes cambios demográficos y económicos que el Estado no supo sintonizar, armonizar ni potenciar. Junto a la transformación demográfica de México, se cambió de un modelo económico industrialista basado en la expansión del mercado interno a un modelo comercial fundado en el dinamismo de las exportaciones. Los resultados de ese modelo han sido buenos para las exportaciones, pero la transmisión de los impulsos dinámicos de la economía exportadora al conjunto de la economía ha sido muy débil.

Adicionalmente, el país no cuenta con las normas legales y buenas prácticas de gobierno establecidas en la normatividad internacional a la que se ha obligado en materia de corrupción y crimen organizado. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), ratificada por México el 4 de marzo de 2003, define a la delincuencia organizada como: “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

No obstante, el concepto de delincuencia organizada que está vertido en la Constitución mexicana no corresponde al estándar internacional, inscrito en la Convención de Palermo. En la Constitución, la delincuencia organizada se define como: “… una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

Así, podemos decir que en México se libran actualmente tres guerras de intensidades variables. Dos de ellas estarían relacionadas con el comportamiento de los cárteles de narcotráfico al interior y entre ellos (una entre grandes cárteles y otra entre bandas delictivas de narcomenudeo en localidades), y la tercera es la que despliega el actual gobierno federal.

Es probablemente que alrededor y entre estas guerras, el papel de las autoridades locales (gobernadores, alcaldes, cuerpos de seguridad locales) tenga distintos niveles de involucramiento, lo cual está mediado por la corrupción y la penetración del narcotráfico en dichos gobiernos.

Detrás de estos hechos, mostrados como frías cifras de la “guerra contra la delincuencia organizada” o, en algunos casos, etiquetadas bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte impacto social en sus familias, en su entorno social y una característica común: la impunidad.